lunes, 7 de octubre de 2013

Actualidad semanal: Belice y Guatemala, Guinea e Irlanda


Enda Kenny, primer ministro irlandés. Foto: sjrowe53 / Foter / CC-BY-NC-ND
La atención mediática se ha centrado en el referéndum irlandés para abolir su senado, y en la crisis italiana, entre la tragedia shakesperiana y el culebrón de sobremesa.  Esta última se ha diluido tras la derrota personal de Silvio Berlusconi para imponerse y forzar la caída del gobierno, dada la oposición de un sector de su propio partido, encabezado por su antiguo protegido Angelino Alfano. El voto de confianza del senado italiano al primer ministro Enrico Letta aleja la perspectiva de convocar nuevas elecciones en menos de un año.

Belice y Guatemala
Para este domingo estaba programado un histórico referéndum en Belice y Guatemala, sobre la posibilidad de someter sus diferendos territoriales ante la Corte Internacional de Justicia: Guatemala reclama, desde 1859, doce mil hectáreas de Belice (casi la mitad del territorio del país) con base en los tratados firmados durante el siglo XVIII por las antiguas potencias coloniales, España y Reino Unido. Sin embargo, Guatemala canceló el referéndum en abril, al exigir Belice que la participación para hacer válida la consulta fuera superior al 60%. Por el momento, ambos países mantienen negociaciones al abrigo de la OEA.

Territorios de Guatemala y Belice. Figura: DO56 & GNU / Wikimedia Commons
Guinea
Tras la celebración de unas elecciones legislativas pospuestas durante más de dos años, la oposición exige anularlas por presunto fraude. La política guineana se ha caracterizado desde su independencia por el autoritarismo de sus dirigentes: Sékou Touré (1958-1984) y Lansana Conté (1984-2008). Tras la muerte de Conté, una junta militar tomó el poder y en 2010 se celebraron elecciones presidenciales, con victoria del líder opositor Alpha Condé. Las protestas han sido constantes y violentas, estando marcadas por las fuertes tensiones étnicas del país, e incluso por un intento de magnicidio en julio de 2011. Los de hace una semana son considerados los primeros comicios legislativos democráticos desde la independencia del país, aunque se han visto afectados por el mal tiempo y los problemas logísticos.

Irlanda
Este jueves se convocaron dos referendos para aprobar sendas reformas constitucionales. La primera y más polémica (32ª enmienda) apostaba por abolir la cámara alta, el Séanad Éireaan, lo que supondría un importante aunque indeterminado ahorro económico -la partida presupuestaria correspondiente al Senado asciende a 20 millones de euros, pero no queda claro cuánto podría ahorrarse efectivamente el Estado-. La enmienda finalmente ha sido rechazada por un 51,7% de los votos, en lo que se ha interpretado como un voto de castigo a las políticas de austeridad del gobierno del democristiano Enda Kenny, en coalición con los laboristas. Además, el principal partido de la oposición e histórico gobernante, el centrista y populista Fianna Fáil, apoyaba el “no” a la supresión.



Irlanda vota en referendum la abolición del Senado. Vídeo: Euronews / Youtube
El senado irlandés está inspirado en la Cámara de los Lores, y el nombramiento de sus sesenta miembros no se realiza por sufragio directo sino por libre designación del primer ministro (13 senadores), de las universidades (6) y de grupos de expertos (43) que representan, divididos en cinco paneles, a los principales sectores del país (agrícola, funcionarial, cultural/educacional, laboral e industrial/comercial). Aunque sus miembros no ostentan oficialmente afiliaciones partidistas, éstas existen al ser los electores mayoritariamente políticos. El Séanad cuenta con unas competencias muy reducidas de asesoría y control. No puede abolir una norma aprobada por la cámara baja, sólo retrasar su aplicación tres meses -una facultad no ejercida desde 1964-. De ahí que muchos defiendan, no la abolición, sino la reforma del órgano, para servir de contrapeso efectivo a un gobierno que estaría poco controlado si el legislativo se convirtiera en unicameral.

En el segundo referéndum (33ª enmienda), se buscaba crear otra instancia judicial previa a la Corte Suprema que redujera su carga de trabajo. Ésta reforma constitucional sí ha sido aprobada por el 65,2% del electorado.


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